La judicatura balear ya tiene una presencia activa en la Red
Judicial Española de Cooperación Internacional. Pere Barceló, en
Penal, y Àlvaro Artola, en Civil, forman parte de los 60 jueces de
todas las comunidades autónomas designados por Eurojust para
coordinar las diligencias de petición y recepción de comisiones
rogatorias en territorio insular.
El objetivo es perseguir los grandes delitos, entre ellos,
fraudes económicos, pornografía infantil, tráfico de drogas, entre
otros. Pere Barceló, juez decano de Palma, asistió esta semana a la
reunión inaugural celebrada en Bruselas de la recién creada red
judicial internacional, y como tal, trasladó a jueces europeos diez
comisiones rogatorias instadas por magistrados de Balears. En la
capital de la UE, asimismo, recibió un encargo de un juez de un
país de la UE para solicitar al titular de un juzgado de
instrucción de Palma que investigue un supuesto fraude, que Barceló
no concretó.
Eurojust es una institución creada hace sólo un año, y ya ha
celebrado reuniones en Palma. Según explicó su presidente, el
fiscal Ignacio Peláez, Eurojust es un instrumento muy útil y válido
en la lucha contra la criminalidad. Eurojust inició su andadura
tras la autorización de los ministros de Justicia e Interior de la
Unión Europea, el 6 de diciembre del año pasado. Está formado por
jueces y fiscales de cada uno de los países miembros de la UE y en
la actualidad está integrado por 15 personas. Su función principal
es facilitar y agilizar la cooperación en el ámbito de la UE y
coordinar investigaciones judiciales contra el crimen organizado,
el terrorismo o las bandas organizadas.
El juez Barceló matizó que las primeras diez comisiones
rogatorias solicitadas desde Palma a través de Eurojust, «afectan
tanto a personas imputadas como a víctimas». «Lo más importante de
todo», dijo, «es que se ha creado un espacio común de actuación que
facilitará el desarrollo de las diligencias, porque, quizás, un
juez de Palma lleva un asunto muy importante y necesita
información, por ejemplo, de jueces de Alemania, Francia y Bélgica.
A partir de ahí, es Eurojust quien se encarga de coordinar la
petición trasladada desde Palma entre los distintos jueces».
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