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El nuevo código ético del PSOE balear tendrá consecuencias inmediatas. Destacados dirigentes socialistas deberán poner sus cargos a disposición del partido debido a su situación judicial. La alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera; el vicepresidente primero del Parlament, Félix Fernández; y el alcalde de Maó, Artur Bagur, deberán poner sus cargos a disposición del PSOE al haber sido imputados en distintas causas judiciales.

Así lo confirmado el secretario de organización del PSOE balear, Damià Cánoves, quien recordó que el nuevo código ético se hará efectivo a partir del día 7 de julio, después de su aprobación por parte de la Conferencia Política. «Una vez que todos los dirigentes del PSOE pongan sus cargos a disposición del partido deberá reunirse la ejecutiva para decidir si hay motivos para que dimitan; nuestro partido no quiere cerrar los ojos ante los casos judiciales que afectan a los dirigentes del PSOE», aclaró Cánoves.

El código ético del PSOE subraya que «los afiliado y, sobre todo, aquellos que ostenten cargos y responsabilidades públicas u orgánicos que queden afectados por una medida o resolución judicial deberán informar a los órganos ejecutivos del partido, los cuales deberán analizar el caso. Si el afiliado o afiliada fuese objeto de inculpación judicial y resultase procesado, tendrá la obligación de poner su cargo a disposición del partido. Si el procesado fuese absuelto, será repuesto en sus funciones con todos los honores». Para la cúpula socialista, esta situación afecta directamente a los altos cargos imputados en casos judiciales.

Margarita Nájera se encuentra en situación de imputada por un supuesto delito de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos por la contratación de la empresa «Estrategia Local». Nájera se puso a disposición del partido cuando se le comunicó que la querella en su contra había sido admitida a trámite. Félix Fernández, vicepresidente primero del Parlament, también se encuentra en situación de imputado por la supuesta contratación irregular del arquitecto municipal de Maó. Además, el alcalde de Maó, Artur Bagur, también ha sido imputado por la misma causa, al igual que Francisco Fernández Terrés, hermano del vicepresidente del Parlament y primer teniente de alcalde de Maó.