Mónica González24/04/02 0:00
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La Plataforma per l'Ensenyament Públic de Mallorca manifestó ayer su «rechazo frontal» al documento de bases para el proyecto de ley de calidad de la educación, presentado por el Gobierno. Integrada por la FAPA, CC OO, UGT, STEI, la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, el Sindicat d'Estudiants y el Moviment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu, la Plataforma defendió que «se trata de una reforma segregadora y antidemocrática, que no se sustenta en ningún diagnóstico serio de los problemas de la educación ni de las soluciones». El secretario de Organización del Stei, Gabriel Caldentey, reconoció que «desde la plataforma de Mallorca apoyaremos cualquier convocatoria de huelga o llamada a la movilización que se realice a nivel estatal».

Por lo pronto, «secundaremos la jornada de paro y manifestación que ha convocado el Sindicat d'Estudiants para mañana jueves». También dijo que «antes de que acabe el curso o, al menos, en el primer trimestre del próximo esperamos concretar una acción conjunta de todas las plataformas autonómicas, consistente en una huelga y una manifestación en Madrid». En opinión de los miembros de la plataforma, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, «ha obviado por completo el diálogo y el debate con la comunidad educativa, refugiándose en asociaciones poco representativas, con intereses únicamente corporativos».

Este colectivo censuró, en especial, las medidas de segregación, «muy en contra del modelo de integración, de compensación y de igualdad que debe tener la educación», alegó Caldentey. «Se intenta fomentar el elitismo en lugar de intentar subir el nivel general». Catalina Esteva, portavoz de la FAPA, redundó en esta crítica y confesó que existe «preocupación» por el hecho de que «sólo una minoría alcanzará los niveles más altos, ya que los que necesiten un poco más de ayuda se quedarán por el camino». En cuanto al fracaso escolar «es igual a fracaso social, por lo que la única forma de combatirlo es desde las medidas sociales, lo que requiere inversiones importante que la ley no contempla», aportó María Alarcón, de UGT. En definitiva, la plataforma advirtió del «peligro que la ley supone para la escuela pública, para la que es un ataque frontal».