Los dirigentes de cada una de las formaciones políticas de Balears
coincidieron, prácticamente, en expresar su rechazo a las duras
críticas plasmadas por la Junta de Jueces de Palma en un documento
a la clase política en general. Los jueces aprobaron por unanimidad
un comunicado en el que afirman estar «hartos de ver la utilización
que los políticos hacen de la Justicia, el horror que les causa la
sola idea de la independencia judicial», entre otras cuestiones.
También, dicen que «si alguna vez los políticos quisieron que la
Justicia funcionara con eficacia y razonable rapidez han fracasado
y no en vano habrá de recordarse que la jurisdicción que arrastra
desde siempre mayor atraso es la contencioso administrativa,
precisamente la especialmente encargada de controlar la actividad
de la Administración».
El portavoz del Partido Popular de Balears, José María González
Ortea, afirmó que «generalizar nunca es bueno». «Es cierto que hay
políticos que prescinden de toda ética al intentar emplear las
actuaciones judiciales para su provecho, y aquí en esta comunidad
hay ejemplos muy concretos, pero de ahí a afirmar que toda la clase
política se comporta de la misma manera, hay un abismo». Y añadió:
«Así como hay miembros de la judicatura más proclives a ejercer de
políticos, también hay políticos que intentan sacar provecho a
determinadas situaciones en el ámbito judicial».
Para el secretario general de Unió Mallorquina y abogado en
ejercicio, Bartomeu Vicens, «en un Estado de Derecho se deben
respetar todos los poderes inherentes a él». «Hay que ser
respetuosos con la convivencia en una democracia y no se puede
generalizar, como lo han hecho los jueces de Palma. La culpa de las
disfunciones en los ámbitos político y jurídico obedece a muchas
causas, y el ejemplo más flagrante lo tenemos en determinadas
actuaciones del Gobierno central en causas puntuales», señaló.
Antoni Alorda, portavoz del Partit Socialista de Mallorca (PSM),
dijo que hay «perversiones» manifiestas en las actuaciones
políticas y jurídicas, como «las injerencias del Gobierno central
al elegir a dedo al fiscal general del Estado, y también las
elecciones de ternas de jueces a propuesta del Parlament». «Todo
ello levanta suspicacias, pero lo que está claro es que es
necesario dotar a la Justicia de más medios, y por ello creo muy
necesario reclamar para Balears las transferencias en materia de
Justicia, ya que desde aquí podremos realizar actuaciones
concretas, con una mayor capacidad de medios, con el objetivo de
situarla en el nivel que merece».
Manuel Cámara, senador de Balears, admitió que los jueces de
Palma «alguna razón tienen en sus críticas a la clase política»,
pero recordó que esas disfunciones «son el reflejo de nuestra
sociedad». «Los jueces deben recordar que los políticos con
responsabilidades en este país son elegidos democráticamente por
los propios ciudadanos, y si alguno de ellos abusa de su condición,
ahí están las urnas, cada cuatro años, para poner a cada uno en su
sitio», indicó. Joan Flaquer, del PP, finalmente, prefirió no
opinar debido a que no conocía «con exactitud» el contenido del
texto aprobado por los jueces.
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