El ciudadano que, por desgracia, tiene que vérselas con la
Justicia en este país suele quedar escarmentado de por vida. La
lentitud, la carestía, la falta de agilidad son sólo algunos de los
seculares problemas que aquejan a este dinosaurio gigantesco. Ayer
todos los grupos políticos del arco parlamentario firmaron la Carta
de Derechos del Ciudadano, que intentará poner coto a los déficits
del sistema judicial español para beneficiar directamente a los
ciudadanos. Para elaborarla, por una vez, se ha contado con los
sectores implicados, desde procuradores a abogados, pasando por
sindicatos y asociaciones profesionales que pudieran aportar su
valiosa visión de la situación.
El hándicap en estas cuestiones suele ser que es fácil proponer
soluciones a los problemas y, en cambio, resulta difícil ponerlas
en práctica por falta de medios. Los políticos aseguran que sí, que
garantizan que todos los compromisos adquiridos serán cumplidos
para conseguir algo jamás logrado: una justicia moderna, ágil y
eficaz.
El texto reconoce más de cuarenta derechos del ciudadano que no
siempre se cumplen, especialmente porque para ello serían
necesarios muchos más medios de los que el sistema dispone. Si
miramos, por ejemplo, al apartado que establece que los ciudadanos
podrán expresarse ante los órganos judiciales en cualquiera de las
lenguas oficiales de la comunidad autónoma, tendremos que hablar de
la contratación de suficientes intérpretes o traductores, como
ocurre en el caso de los discapacitados sordos o mudos.
Al final todo confluye en la misma y única idea: dotar de medios
a la justicia, igual que a la sanidad o a la educación. Sólo con
ello se resolvería la mayoría de los problemas que aquejan a estos
sectores clave de la sociedad.
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