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B.P.
Entidades, partidos políticos, sindicatos y organizaciones culturales y sociales trabajan en la constitución de una plataforma reivindicativa ante Madrid en la línea de lo que se presentó en los comienzos de los años noventa bajo el lema «Queremos mandar en nuestra casa». En noviembre se cumplirán diez años del lanzamiento de esa campaña, uno de los objetivos principales fue, precisamente, conseguir un régimen económico y fiscal diferenciado para Balears. Además de exigir el cumplimiento del Régimen Especial de Balears, la plataforma exigirá a Madrid que «deje funcionar» el Govern autonómico y que no se inmiscuya en las competencias que éste tiene transferidas. En ese sentido, fuentes de la plataforma han indicado que la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del comercio y la ecotasa han actuado como revulsivo para que este colectivo se organice.

La iniciativa ha estado a cargo del sindicato Comisiones Obreras, en el seno del cual se celebró el primer encuentro de los convocantes a principios de esta semana. Entre otros, tomaron parte la Obra Cultural Balear, el GOB, la UGT, el STEI, Unió Mallorquina, PSM-Entesa Nacionalista, el PSIB- PSOE, Esquerra Unida y El Verds. Este primer encuentro sirvió para definir los puntos de coincidencia entre los convocantes que permitan la articulación de un frente amplio de reivindicación autonómica.

A pesar de que en un principio no tiene nada que ver, los preliminares para la constitución de la Plataforma han coincidido en el tiempo con la llamada a la sociedad isleña que ha efectuado el president Francesc Antich para conseguir el desarrollo del Régimen Especial de Balears y que obtuvo una amplia respuesta por parte de las organizaciones patronales, sindicales e instituciones. El Govern balear ha constituido diversos grupos de trabajo sectoriales, cuyas conclusiones han sido la constitución de todas las comisiones mixtas Gobierno central-Comunitat Autònoma; las negociaciones de los proyectos que ha planificado y presupuestado el Govern en colaboración con los colectivos implicados para compensar las desventajas provocados por el hecho insular que padece el sector y la introducción de un conjunto de cambios en las leyes estatales.