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La Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial aprobará hoy, a propuesta del presidente de la Audiencia Provincial, Antoni Terrasa, la implantación de un modelo de atestado único para los casos de violencia doméstica habitual. Éste será aplicado por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en este ámbito, explicó Terrasa. Precisó que «será un instrumento poderoso que permitirá recabar toda una información y elaborar unas estadísticas más amplias y un fichero de antecedentes que serán vitales tanto para la aplicación de medidas cautelares -para prevenir y evitar la reiteración en este tipo de actuaciones-, como para el aspecto rehabilitador una vez impuesta la sanción».

Para estas dos vertientes resulta muy interesante reunir estos datos «pues es, precisamente, el análisis de las diversas causas que conducen a la violencia doméstica el que puede propiciar que podamos marcar una pauta útil en relación con qué tipo de medidas pueden producir un verdadero efecto en los dos campos». Anunció que «muy probablemente estas medidas o actuaciones se podrán abordar desde la firma del protocolo de colaboración entre todas las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», que podría ser una realidad para después del verano.

La elaboración de un atestado único y la firma del protocolo de colaboración interinstitucional son la primera y la tercera fase respectivamente marcadas para el desarrollo del trabajo de la Comisión Provincial de Policía Judicial. La segunda fase, referida al acopio o relación de los servicios y recursos útiles para resolver los casos de violencia doméstica habitual, «está ya consolidada con la guía de recursos que ha elaborado el Institut Balear de la Dona», añadió el presidente de la Audiencia. Así lo certificó la directora de este Institut, Francisca Mas, que acompañó ayer a Antoni Terrasa en la presentación del trabajo desarrollado hasta el momento por la Comisión Provincial.

Esta Comisión, definió Terrasa, es un organismo que persigue la coordinación del trabajo de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad en las tareas de policía judicial, es decir las referidas a la investigación criminal. Este organismo está compuesto por jueces y fiscales y representantes de los diferentes cuerpos de seguridad y en su seno se han iniciado trabajos relacionados con la aplicación de la Ley Penal del Menor, la Ley de Extranjería y con la problemática de la violencia doméstica habitual.