La operación policial llevada a cabo en Mallorca para localizar
inmigrantes ilegales en diversas fincas agrícolas ha estado rodeada
de confusión. Si atendemos las denuncias de varios inmigrantes
legalizados que han querido solidarizarse con sus compañeros 'sin
papeles' y desvelar las penosas condiciones en que trabajaban, la
actuación policial ha sido impecable y, desde luego, oportuna a la
hora de sacar a la luz una situación intolerable. En los inicios
del siglo XXI una sociedad como la nuestra no puede aceptar ninguna
forma de explotación laboral, aprovechando las difíciles
circunstancias personales de algunos extranjeros recién llegados a
nuestra Comunitat.
Pero, por el contrario, si las denuncias resultan ser falsas o
exageradas "como sostienen los payeses afectados", habría que andar
con pies de plomo, porque en ese caso lo único que habrían hecho
los propietarios de las fincas es darles una oportunidad para
integrarse entre nosotros.
Habrá que actuar con rapidez y contundencia a la hora de
dilucidar quién tiene razón en este enfrentamiento porque la
confusión no hace más que enconar los ánimos de unos y otros y
despistar a la opinión pública, que merece siempre conocer la
verdad con todo detalle.
Por ello habrá que establecer en qué condiciones trabajan esos
empleados ilegales, si afrontan sus jornadas laborales con los
mismos derechos que los demás y si sus salarios son dignos, así
como sus viviendas. Ahora que desde el Gobierno de Aznar se ha
aceptado la aplicación con «flexibilidad» de la Ley de Extranjería,
es el momento para "si estas personas son necesarias en el campo
mallorquín" otorgarles la documentación que les acredite como
«legales» y puedan así exigir con naturalidad todos sus
derechos.
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