Los integrantes de la Mesa de Diálogo Social de las Illes Balears,
integrada por Administración, representantes sindicales y
empresarios a través de CAEB y PIMEM, aprobó ayer por unanimidad
una resolución en la que piden la regularización de los
aproximadamente 10.000 inmigrantes «sin papeles» que trabajan de
manera irregular en las Islas, según confirmó el conseller de
Treball i Formació, Eberhard Grosske.
La resolución conjunta, que reitera las tesis defendidas hace
unos días por la Conselleria de Treball, establece que en las Islas
«existen sectores económicos que necesitan contratar personas
extranjeras para su funcionamiento normal» y que estos puestos de
trabajo pueden ser cubiertos por personas en proceso de
regularización «con una interpretación amplia de la legislación
vigente».
En este sentido, Grosske recordó que el desempleo en las Islas,
estimado en un 4'7 por ciento, es un «paro técnico» y que los
trabajadores extracomunitarios que trabajan ilegalmente, «uno de
cada dos» según el conseller, están en una situación de indefensión
e inseguridad laboral que favorece su explotación por parte del
empresario.
Para evitar esta situación, los sindicatos y empresarios
integrantes de la Mesa de Diálogo Social acordaron la creación de
canales de comunicación conjuntos con objeto de que las ofertas de
trabajo existente puedan ser tramitadas «al objeto de que los
trabajadores extranjeros pudieran acceder al permiso de trabajo y
residencia de forma rápida».
De esta forma el organismo solicita a la Delegada de Gobierno,
Catalina Cirer, una interpretación «permisiva» de la ley de
extranjería y le «emplaza» a iniciar un proceso de negociación con
el colectivo que, textualmente, «permita aliviar la tensión social
asociada a esta problemática».
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