El Consell de Formació Professional de les Illes Balears ha
mostrado su rechazo al borrador de Ley de Formación Profesional
(FP) y las Cualificaciones Profesionales redactado por el Gobierno
por considerar que «no respeta el proceso autonómico y los niveles
competenciales actuales».
Aunque el Consell está conforme con la necesidad de elaborar una
norma con el máximo rango para el desarrollo del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional, el que actualmente
regula la FP, con esta ley «se tiene la impresión de que el
Gobierno intenta apropiarse de parcelas de decisión que pertenecen
a las autonomías», declararon ayer Bartomeu Llinàs, director
general de Formació Profesional i Inspecció Educativa de la
Conselleria d'Educació, y Francesc Obrador, director general de
Formació de la Conselleria de Treball.
A la denuncia de que la ley no plantea la participación de las
comunidades, se suma el «agravante de que los agentes sociales y
económicos tampoco aparecen», lamentaron. En sus observaciones, el
Consell de FP considera que «es poco probable que se pueda
establecer un modelo de cualificaciones de cara a concretar
políticas de ocupación sin la participación de las administraciones
y agentes que tienen la competencia en estos cambios».
Además, el borrador no viene acompañado por una memoria
económica que especifique el coste de la reforma, ni su
financiación, lo que junto a la falta de respeto por las
competencias autonómicas asemeja en gran medida los defectos de
tramitación de esta ley con los de la nueva Ley de Universidades,
también rechazada por el Ejecutivo balear.
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