Alrededor de cincuenta inmigrantes de diversas nacionalidades se
iniciaron ayer un encierro de 48 horas en la parroquia de la
Iglesia Santa Catalina Tomàs como «medida de presión ante la
política xenófoba, represiva y neoliberal del gobierno del PP en lo
que respecta a los trabajadores extranjeros no comunitarios».
Antes del encierro, un portavoz leyó el «Manifiesto contra la
ley de extranjería» en el que se reclama la derogación de la Ley
8/2000, la concesión de papeles para todos los inmigrantes del
Estado español y la puesta en marcha de políticas de integración.
Junto a ello, se demanda la paralización de las incoacciones de
expedientes de expulsión y las expulsiones, la atención sanitaria
integral para todos los inmigrantes, el acceso a la educación
Secundaria y universitaria y, con objeto de tratar todos los puntos
anteriores, la creación de una comisión mixta.
La consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, mostró su apoyo
a esta reivindicación que afecta en Balears a más de 20.000
inmigrantes sin papeles, según las últimas estimaciones. Caro
insistió en que la actual ley de extranjería «no sólo supone un
paso atrás en el reconocimiento de los derechos de las personas
inmigrantes, sino que también retrocede en la búsqueda de una
solución de cara al diálogo y la convivencia entre estas personas y
los españoles, por eso esperamos la derogación de la ley».
El párroco, Miquel Orell, reconoció ayer que aceptó la petición
del encierro convocado por la Plataforma por la Convivencia,
«porque creo que lo que defienden es una causa justa, ya que estas
personas deben esperar, en ocasiones, más de un año para lograr sus
permisos». Los sindicatos también apoyan esta medida de protesta
que culminará mañana con una manifestación.
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