Un espectacular despliegue policial rodeó ayer por la mañana el
dispositivo organizado por el Ajuntament de Palma para derribar dos
viviendas en el poblado gitano de Son Banya. Esas chabolas, que ya
habían sido eliminadas en el plan de «disciplina urbanística»
desarrollado por Cort en ese lugar, estaban siendo «reconstruidas»
con el objetivo de habitar en ellas o convertirlas en un
improvisado almacén. La grúa municipal actuó con contundencia, pero
no se registró ningún incidente grave. Los residentes en Son Banya
reaccionaron, inicialmente, con sorpresa ante la actuación policial
(nacional y local) y la tensión fue en aumento hasta que los
representantes de Cort, José Manuel Sierra, Antoni Nadal y Rogelio
Araújo, explicaron los motivos que les había llevado hasta el
lugar.
«Otra vez por aquí, déjennos en paz, váyanse», gritaba un grupo
de gitanos a los policías. Uno de ellos, que registraba en una
cámara fotográfica lo que estaba ocurriendo, la guardó para no
encrespar más los ánimos. «Ninguna de las dos viviendas estaba
habitada», explicó a Ultima Hora Rogelio Araújo.
«Habíamos comprobado que se estaba intentando volver a utilizarlas
y por ese motivo decidimos emplear la grúa, siguiendo de forma
estricta la disciplina urbanística que queremos para esta zona»,
explicó.
En Son Banya, actualmente, unas 89 chabolas están habitadas de
un total de 124 que había antes de que Cort iniciara el plan de
derribo de las viviendas. El desmantelamiento del barrio «más
marginal de la ciudad», como se define a Son Banya, es tarea del
Ajuntament de Palma, el Govern (a través del Ibavi) y el Estado.
Pero tiene un coste, según recordaron los representantes
municipales: 500 millones de pesetas. Esa es la cantidad que se
necesita para dotar de una nueva ubicación a las cerca de sesenta
familias, de las 90 que actualmente residen en el poblado gitano,
que tienen interés y están en condiciones de abandonar las
chabolas.
Desde el pasado año, el Ajuntament negocia con el CIM y el Ibavi
la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de
desmantelamiento de Son Banya, que se ejecutará en un plazo de tres
años. En este tiempo está previsto trasladar entre 30 y 40
familias. Aún quedarán otras 50 ó 60 familias que «por problemas de
droga no pueden acogerse a este programa y deberá ser el Juzgado el
que decida la forma de proceder», según los ediles.
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