El Consell de Govern aprobó ayer presentar un recurso contra varios
artículos de la ley de extranjería al entender que atentan contra
los derechos constitucionales de los emigrantes. Los artículos
recurridos son aquellos que regulan los derechos de reunión,
asociación, sindicación huelga y asistencia jurídica. El Govern
tomó este decisión en contra del criterio del Consell Consultiu de
Balears, que en su dictamen entendió que la ley no era
inconstitucional, aunque dos de sus componentes firmaron votos
particulares. El Govern ha recurrido al asesor jurídico de la
Comunitat y miembro del Consell Consultiu, Pere A. Aguiló, para que
elabore el texto del recurso de inconstitucionalidad.
El conseller de Presidència, Antoni Garcías, explicó al término
de la reunión del Consell de Govern que la decisión de recurrir no
queda debilitada por el informe en contra del órgano asesor de la
Comunitat «porque quien presenta el recurso es el Govern y no el
Consell Consultiu». De hecho, el informe elaborado por el Govern
insiste en que la ley de extranjería vulnera derechos fundamentales
de las personas.
El conseller explicó que la decisión de presentar este recurso
no se ha consultado con Unió Mallorquina ya que es una propuesta
del Govern y no del Parlament, donde se necesitarían los votos de
UM para apoyar la presentación del recurso. El conseller se mostró
además satisfecho con el cambio de opinión del PSOE, que ha
decidido finalmente sumarse a los recursos de inconstitucionalidad.
«El Gobierno no ha querido negociar ni atender al clamor popular
que existe en contra de esta ley», afirmó Antoni Garcias.
Por su parte, el diputado del PP Joan Flaquer aseguró que la
presentación del recurso por parte del Govern demuestra su
actuación partidista y demagógica y opinó que el Ejecutivo ha
actuado debido a la presión de Esquerra Unida-Els Verds en el
Govern. Para Flaquer, no existen argumentos que justifiquen la
presentación del recurso desde el momento en que el propio Consell
Consultiu de Balears considera que el texto es perfectamente
constitucional. «Se trata de la ley más avanzada de Europa»,
aseguró.
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