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El Consell Consultiu ha dado un duro varapalo al president del Govern, Francesc Antich, al entender que la ley de extranjería no vulnera en ningún caso derechos fundamentales de las personas por lo que no cabe presentar un recurso en su contra ante el Tribunal Constitucional.

La decisión del órgano asesor fue adoptada, además, por mayoría abrumadora: cuatro de los seis ponentes entienden que el texto es constitucional, un ponente cuestiona parcialmente la ley y tan sólo uno de los miembros del órgano consultivo cree que el texto es claramente inconstitucional. Estos dos representantes del Consell Consultiu firman sendos votos particulares en los que discrepan de la decisión tomada por la mayoría.

A diferencia de otros órganos asesores, el Consell Consultiu se ha alineado con las tesis defendidas por el Consejo de Estado a favor de la constitucionalidad de la ley. Según el dictamen del Consejo de Estado, no se pueden violar derechos fundamentales, como el de sindicación, desde el momento en que no se tiene el derecho previo "el derecho al trabajo" que da a su vez derecho a afiliarse a un sindicato.

El dictamen del Consell Consultiu no es vinculante, es decir, el Govern puede presentar un recurso de inconstitucionalidad aunque el texto sea contrario a la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, supone un varapalo al president del Govern quien, en todo momento, había anunciado que el Govern no tendría otro remedio que recurrir en caso de que el Consell Consultiu dictaminara a favor del recurso.

En este caso, la decisión ha sido contraria, pero no se descarta que el Govern decida presentar el recurso en la reunión que mantendrá el Ejecutivo el próximo viernes. De hecho, las fuentes consultadas aseguraron ayer que todos los miembros del Ejecutivo están de acuerdo en presentar el recurso aunque el dictamen del Consultiu no les de la razón.