JOAN MASCARELL09/03/01 0:00
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El conseller de Treball, Eberhard Grosske, presentó ayer en el Parlament el resultado de las nueve primeras auditorías, de un total de setenta que se tienen que realizar, de acciones formativas realizadas por distintos operadores formativos durante la etapa del Govern del PP. Y el resultado fue la detección de irregularidades, e incluso fraude en algún caso, en la totalidad de los cursos auditados y que fueron realizados por la Fundació Universitat Empresa (2 cursos), CC OO (1), CAEB (4) y el Ajuntament de Palma (2). Unas irregularidades que serán puestas en conocimiento de los servicios jurídicos de la Comunitat y que implican la devolución en distintas proporciones del dinero por un mal uso de los fondos de la Unión Europea (UE).

Entre estas irregularidades destacan las cometidas, según las auditorías, por el departamento d'Educació del Ajuntament de Palma y, en concreto, por su responsable Jordi Llabrés. Unas irregularidades que fueron tildadas por Grosske de «fraudulentas» y en las que se estaría hablando incluso de «falsedad en documento público». Grosske se refirió a los dos cursos del Ajuntament auditados (en esta ocasión a raíz de denuncias formales) sobre gestión de agencias de viajes y sistema de reservas Amadeus por un importe de 1.815.000 pesetas cada uno. La primera de las irregularidades puesta de manifiesto se refiere a una subcontratación irregular de este curso con una empresa privada «porque no aportaba ningún valor añadido».

La otra irregularidad, que ya sería un fraude según explicó Grosske, es que el Ajuntament no aportó el 25% del coste del curso que correspondía al Objetivo 3 de la UE como así debe ser en este tipo de objetivos. Además, el conseller de Treball dijo que estaríamos ante un caso de «falsedad de documento público» por firmar que el curso costó 1.815.000 pesetas cuando la empresa que hizo el curso acreditó 1.345.000 pesetas. Al parecer, según las auditorías hechas por el Govern, Llabrés firmó documentos que detallaban los costes de estos cursos, pero que no se correspondían con los recibos y no contaban con el aval de la intervención municipal.