El Consell de Govern tiene previsto debatir mañana una propuesta
presentada por la Conselleria de Presidència para unificar el
modelo de contrato de los altos cargos del Govern, específicamente
los de las empresas públicas, y para aumentar los controles y
evitar nuevas sorpresas, como la firma de contratos blindados.
En la normativa específica que ha redactado Presidència, se
especifica que los contratos de los altos cargos de empresas
públicas quedan vinculados directamente al conseller que les
nombra. De esta forma, cesa en su cargo en el mismo momento en que
lo hace el conseller, si bien puede ser ratificado por su sucesor.
La normativa específica que estudiará el Ejecutivo en su reunión de
mañana marca además que las indemnizaciones en caso de rescisión de
contrato serán las legalmente establecidas en el decreto-ley
específico que regula las contrataciones de los altos cargos. Con
esta decisión, se evitará en cualquier caso que se produzcan
negociaciones privadas para el alto cargo de una empresa pública
pueda tener un contrato blindado.
Además de estas garantías de contratación, el Govern establecerá
la obligación de que los contratos realizados a los altos cargos
pasen por los preceptivos controles de la Conselleria d'Hisenda y,
con posterioridad, de la Conselleria d'Interior. El ex conseller
d'Economia Antoni Rami suprimió la necesidad de realizar este
último control unos meses antes de las elecciones autonómicas.
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