El impuesto ecológico, que fue anulado por el Constitucional, gravaba a las petroleras.

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El Govern ha decidido solicitar por su cuenta un préstamo de 13.000 millones de pesetas sin contar con la autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Las comunidades autónomas necesitan esta autorización para poder ampliar sus niveles de deuda, debido a los escenarios de déficit cero pactado entre autonomías y Gobierno central. El Govern necesita este préstamo adicional de unos 13.000 millones de pesetas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la anulación del impuesto ecológico por parte del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado.

Desde que se anuló el impuesto, el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, inició una larga negociación con el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro para que el Gobierno atendiera a las circunstancias especiales de Balears por culpa de la sentencia desfavorable. Casi tres meses después de haber iniciado las negociaciones, la postura del ministro es contraria a autorizar este impuesto, tal y como reconoció el propio president del Govern, Francesc Antich, esta misma semana. Debido a la poca receptividad del Ministerio, el Govern ha decidido aprobar por su cuenta la ampliación de la deuda.

Con esta decisión, sin la firma de un escenario previo de endeudamiento y con una ley de estabilidad presupuestaria en vigor, el Govern se arriesga incluso a que el Gobierno central impugne su decisión. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que en el anterior escenario pactado ya se incorporó una cláusula de salvaguarda en el supuesto de que, como finalmente ha sucedido, la sentencia fuera desfavorable a los intereses de nuestra Comunitat.

Para poder acometer este préstamo extraordinario, el Govern presentará al Parlament un proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos de la Comunitat para 2001. En el texto se autorizará el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, a endeudar a la Comunitat por las cantidades pendientes de cobro. El Ejecutivo dispone de plazo para presentar la ley hasta el 31 de diciembre, pero el texto se presentará antes, con toda seguridad.