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El sindicato CSI-CSIF ha impugnado el decreto por el que se aprueba el reglamento que regula la exigencia de la lengua catalana para las oposiciones. Por su parte, USO seguirá con toda probabilidad el mismo camino ya que al igual que el CSI-CSIF consideran dicho decreto discriminatorio. La incógnita está en si una hipotética suspensión judicial del decreto pudiera afectar a la convocatoria de oposiciones.

Sobre este asunto, Jaume Colom, director general de Funció Pública, señala que la asesoría jurídica del Govern ve «muy poco probable» que prosperen los recursos contra el decreto del catalán y que en el caso hipotético de que ello sucediera «aplicaríamos el decreto de catalán anterior» en cuanto, dijo, las oposiciones no pueden demorarse más tiempo. Con todo, Colom se mostró seguro de la legalidad del decreto que recibió el visto bueno de los abogados de la Comunitat y recordó que diversas actuaciones de la Conselleria (por ejemplo el bolsín de interinos) han sido llevadas a los tribunales «y se nos ha dado la razón».

CSI-CSIF considera discriminatorio el decreto «ya que se exigen diferentes niveles de catalán para cuerpos de Administración general y la Administración Especial». Además, este sindicato pide «la suspensión inmediata del decreto». La sección sindical de USO en la CAIB, por su parte, está estudiando la impugnación del decreto y con toda probabilidad lo llevará adelante. Este sindicato considera que se vulnera el principio constitucional de proporcionalidad y basará su recursos en sentencias anteriores.

Por lo que se refiere a las oposiciones hoy se publican en el BOIB la convocatoria de las primeras oposiciones. Se trata de las oposiciones para el cuerpo facultativo superior (arquitectos, asesores lingüísticos, biólogos, ingenieros de caminos...) y el técnico (arquitectos técnicos, educadores, ingenieros técnicos industriales...). Son 68 plazas y el plazo de presentación de instancias concluye el 31 de marzo.