La rebaja del IRPF aprobada por el Gobierno en 1999 ha permitido
que, durante ese año, los contribuyentes de Balears se ahorraran
15.838 millones de pesetas en impuestos, según los datos que aportó
ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ministro se
había desplazado hasta Palma para pronunciar una conferencia en la
Fundación La Caixa sobre «Perspectivas económicas y políticas de la
Hacienda Pública» y previamente ofreció una rueda de prensa en
Delegación del Gobierno.
El ministro explicó que el ahorro en Balears ha sido del 17'1
por ciento, muy superior a la media nacional, donde el ahorro fue
del 13'7 por ciento. Este ahorro tributario ha propiciado un
incremento de 0'54 puntos en el PIB balear y generó la creación de
1.927 puestos de trabajo. El ministro adelantó la intención del
Gobierno de continuar con este reforma con la supresión del IAE
para las empresas más pequeñas y su sustitución por otro impuesto,
negociado previamente con los ayuntamientos. Montoro anunció además
una nueva rebaja del IRPF para el año 2003 que afectará a las
rentas más bajas y más altas.
Al margen del ahorro propiciado por la rebaja del IRPF, Montoro
se refirió a la petición del Govern de solicitar un préstamo de
13.000 millones de pesetas con el que hacer frente a las
consecuencias de la anulación del impuesto ecológico. El ministro
no se mostró muy explícito al respecto y aseguró que más allá de
cuestiones «sobrevenidas», como fue la sentencia del Tribunal
Constitucional, el Govern habrá de hacer los ajustes necesarios
para garantizar el equilibrio presupuestario. En principio, por lo
tanto, el ministro no pareció estar muy dispuesto a autorizar la
concertación de este préstamo.
A preguntas de los periodistas, Montoro se refirió a la
aprobación del impuesto turístico y opinó que crear un nuevo
impuesto «por mucho que se llame ecológico» puede llevar a una
pérdida de la competitividad de Balears. Montoro precisó que el
Govern tiene autonomía para aprobar este impuesto, «siempre que no
se solape con otro en el hecho imponible», pero también advirtió
que su departamento está obligado a realizar un estudio para
determinar «la compatibilidad del impuesto con el ordenamiento
jurídico».
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