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El Govern ha alegado ante el Tribunal Constitucional que los consells insulars son instituciones con un mayor peso político que las diputaciones y que por este motivo sus gobiernos deberían contar con miembros no electos. Las alegaciones del Ejecutivo autonómico ante la suspensión de la ley de consells constan de 65 páginas y fueron presentadas ante el Constitucional el 16 de enero.

El Govern entiende que los consells no pueden ser considerados como «unas diputaciones» y que tanto el Constitucional como el Estatut permiten una configuración de las instituciones insulares con un mayor peso político. Por este motivo, las alegaciones presentadas por el Ejecutivo plantean la necesidad de que los consells puedan contar con una comisión ejecutiva formada por personas no electas, una posibilidad que ha provocado la suspensión de la Ley de Consells.

Asimismo, la defensa de la Ley de Consells se ha basado en el control político y administrativo que pesaría sobre las futuras comisiones ejecutivas. En este sentido, las alegaciones presentadas por el Govern plantean que la comisiones de gobierno estarán formadas por miembros electos en proporción a la representatividad de cada grupo político. Estas comisiones de gobierno tendrán la facultad de resolver los recursos de alzada que se presenten contra acuerdos que adopten las polémicas comisiones ejecutivas. El Govern razona que a través de las comisiones de gobierno se mantiene un estricto control sobre las comisiones ejecutivas, una de las causas por las cuales el Gobierno central presentó un recurso contra la Ley de Consells.

Además, las alegaciones del Govern en el Constitucional también precisan que la presidencia de los consells está por encima de las comisiones ejecutiva, así como el plenario de las instituciones insulares. La defensa del Govern ante el Constitucional sostiene que el Estatut d'Autonomia prevé la cesión a los consells de un importante paquete de competencias que necesitarán una organización interna de mayor calado político.