P. Candia27/01/01 0:00
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Dos semanas después de haber entrado en vigor la nueva Ley del Menor ningún caso instruido por los cinco fiscales de la sección de menores de Balears ha pasado a manos de los jueces. Según confirmó a este diario la coordinadora de la Fiscalía de Menores, Mercedes Carrascón, «no ha dado tiempo al fiscal a presentar ningún asunto ante el juez». «Los casos hay que instruirlos como si el delito hubiese sido cometido por mayores, que se someten a los juzgados de instrucción», explicó. «Hay que citar al perjudicado, tomar declaración a los testigos, al igual que todos los trámites necesarios exigidos por un juzgado de instrucción. Por ello, no ha dado tiempo material a entregarlos al juez».

La nueva normativa establece que el fiscal- instructor debe verificar todas las pruebas para comprobar si el menor es, o no, autor del hecho. Además, el fiscal formulará el escrito de alegaciones antes que el asunto llegue al juzgado. La mayoría de casos investigados por los fiscales son delitos contra la propiedad, robos con fuerza, pequeños hurtos.

«Estamos revisando, poco a poco, todas las ejecutorias de los juzgados penales y de la Audiencia, por secciones, para ver cómo va el tema», dijo Carrascón. «Hay menores entre 16 y 18 años con condena, lo que pasa es que no sabemos en qué quedarán luego. Fueron condenados con el Código Penal antiguo y ahora hay que revisarlo. No sabemos cuántos casos son. Hemos pedido a los juzgados penales que nos envíen y nos van llegando, pero no sabemos la cantidad exacta hasta que no acabemos de concluir las revisiones», señaló.

La coordinadora de la Fiscalía de Menores explica que con la disposición transitoria había que pedir la libertad de todos los que habían sido condenados a penas inferiores a dos años, «porque la única medida alternativa que se les puede poner es la libertad vigilada», subrayó. «Todas las condenas inferiores a dos años, si estaban presos tenían que salir, ya que la Ley no te permite otra posibilidad». Carrascón precisa que los fiscales han pedido las libertades de menores «que correspondían en cada caso», al tiempo que negó que los fines de semanas «sean especialmente conflictivos».