El conseller de Presidència, Antoni Garcías, aseguró ayer que no
está tan claro que el Govern debe aplicar la subida de sueldo a sus
funcionarios en virtud de la sentencia que anula la congelación
salarial decretada por el Gobierno de José María Aznar. En opinión
del titular de Presidència, la única responsabilidad en esta
cuestión corresponde al Gobierno central y recordó además que la
sentencia se refiere expresamente al cuerpo de la Administración
del Estado.
Garcías lamentó que el Govern central está acostumbrado a tratar
de repartir las responsabilidades entre otras administraciones que
no tuvieron nada que ver en la adopción de este acuerdo de
congelación salarial. «No conocemos que tengamos responsabilidad»,
añadió Garcías.
En cualquier caso, si finalmente se dictamina que la Comunitat
Autònoma también debe hacer frente a la subida salarial de sus
funcionarios, el conseller recalcó que la Comunitat no está en
disposición de hacer frente a las cantidades que implica el
cumplimiento de la sentencia, que puede rondar unos 5.000 millones
de pesetas adicionales. «Si hay que hacer la subida, el Estado debe
habilitar mecanismos que permitan cumplir la sentencia aunque vayan
en contra del déficit cero», aseguró el conseller de Presidència.
Al respecto, el conseller anunció que el Govern no pondrá
obstáculos al cumplimiento de la sentencia en caso de que se
determine que está sujeta a ella.
En relación con el salario de los funcionarios, el Consell de
Govern aprobó ayer un complemento retributivo de 50.000 pesetas a
los empleados públicos. Se consolida de esta manera el complemento
aprobado hace un año por el Consell de Govern con el fin de tratar
de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios
públicos.
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