La Oficina de Extranjería de Palma registró ayer las colas habituales de los últimos meses.

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La Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración, que modifica la Ley 4/2000, entra en vigor hoy, con lo que la Delegación del Gobierno en Balears tendrá que estudiar de nuevo todos los casos que no fueron estimados en su momento por si pudieran acogerse a alguno de los supuestos de la nueva normativa y obtener el correspondiente permiso de residencia y/o trabajo.

La revisión de las solicitudes de regularización denegadas durante el proceso abierto en este año es una de las medidas incluidas en la nueva Ley de Extranjería, con lo que en Balears tendrán que revisarse más de un millar de expedientes. La Oficina de Extranjería de Palma volvió ayer a registrar largas colas, como ha sido habitual en los últimos meses, ya que a la tramitación normal de los permisos de residencia y trabajo, se le han unido las numerosas peticiones de revisión de expedientes.

En Balears, de las 4.303 peticiones de permiso de trabajo y residencia que se han cursado dentro del proceso de regularización se han concedido en torno a 2.500 y alrededor de 1.500 han sido denegadas. La distribución por sectores pone de relieve que el servicio doméstico es la actividad más solicitada, seguida de la construcción y servicios. El Colegio de Abogados de Balears ha abierto un turno de oficio, atendido por 50 letrados, para el asesoramiento gratuito de inmigrantes. Además de la asistencia letrada, los inmigrantes podrán contar con intérprete en los procedimientos administrativos de denegación de entrada y expulsión.

La Delegación del Gobierno en Balears no ejecutará hoy ninguna expulsión de inmigrantes que se encuentren en nuestro país en situación ilegal. Aun siendo la expulsión una de las sanciones que contempla la ley por residencia ilegal, esta medida sólo puede darse en relación a infracciones graves de la ley y sólo se adoptará mediante expediente administrativo individualizado, con todas las garantías procesales y revisable por los tribunales de justicia.