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M.A.RUIZ El menorquín Segundo Petrus Llabrés se incorporó al Ejército republicano en 1938 en la denominada «quinta del biberón», cuando apenas contaba 17 años. Concluida la contienda, una mañana de abril de 1939, fue embarcado junto a un millar de combatientes del bando derrotado en el «Castillo Coca», un mercante noruego capturado por los nacionales cuando portaba armas, en lo que sería una auténtica odisea para aquellos hombres, movilizados hasta el término de la II Guerra Mundial.

Los soldados menorquines de las quintas del 39, 40 y 41, agrupados en la Asociación de ex Combatientes de la República y Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, reclaman ahora a Defensa una reparación económica por los ocho y hasta nueve años de su vida que el Ejército les arrebató entonces, como un castigo por haber tomado las armas «en el bando equivocado».

El diputado del PP Joan Salord y el general menorquín Luis Alejandre Sintes, hasta el pasado año director del Gabinete Técnico del ministro Trillo, han tomado la bandera de estos veteranos para que su causa no caiga en el olvido. Joan Salord reconoce que «no se trata de una tarea fácil», ya que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía ha denegado inicialmente la solicitud, alegando que ya se han reconocido los derechos de otros colectivos como los fallecidos en la contienda, prisioneros de guerra o quienes sufrieron prisión por motivos políticos. «Parece que la única posibilidad es que las Cortes aprueben una ley específica para este colectivo "explica Salord", por lo que estamos estudiando esta posibilidad con el diputado Albert Moragues del PSOE», miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento español.

De los cerca de mil menorquines que vivieron esta atípica situación, apenas quedan con vida unos trescientos, según señala el presidente de la asociación, Pedro Caules Mercadal. «Sin duda fuimos represaliados por el régimen de Franco por haber luchado en el bando republicano "afirma". Cuando concluimos el servicio militar, tras nueve años privados de libertad, habían dado todos los puestos de confianza, las plazas de la policía, la Guardia Civil, Correos o el servicio forestal, a los combatientes nacionales».