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MÓNICA GONZÀLEZ/LL.L. El concejal de Educació i Joventut en Cort, Jordi Llabrés, defendió ayer la actuación municipal ante la auditoría realizada en el mes de octubre de 2000 a dos cursos de Gestión de Agencias de Viajes Amadeus, integrados en el Pla Mestral, desarrollados con dinero de Europa entre el febrero y noviembre de 1999. Según explicó, la investigación partió de la denuncia de un particular, Joan Prats, propietario de la empresa Iniciatives de Ciutat (IDC), que fue subcontratada por Estudi 6, adjudicataria de la educación de adultos, por ser la única empresa homologada a nivel europeo para impartir el programa Amadeus.

Llabrés explicó que, «según los informes que me han llegado, IDC llegó a un acuerdo económico con Estudi 6 para la realización de estos cursos, dotados cada uno de ellos con 1.300.000 pesetas, y una vez acabados no estuvo de acuerdo con lo que se le pagó y reclamó los 2'6 millones». A esto, añadió que «Prats, quien fue en las listas del PSM en las últimas elecciones municipales, se presentó al concurso para la adjudicación del Centro de Información Juvenil del Ajuntament «y su empresa fue descalificada por un defecto de forma» y que en 1997 la empresa fue penalizada por incumplir parte del pliego de condiciones para la organización de la cabalgata de reyes.

«Con todo, puede que esté molesto y por eso haya presentado la denuncia». Lo que Llabrés tiene claro es que «en todo caso se habrá cometido una irregularidad de tipo técnico-administrativa, pero en ningún caso financiero». También mostró su extrañeza por no haberse planteado cuestión alguna ante la Comisión Mixta, creada para el seguimiento de cursos del Pla Mestral. Cort presentó el 9 de noviembre sus alegaciones, que esperan resolución.

Mientras, IDC y el PSM denunciaron ayer que Cort no aportó el 25% que le correspondía para financiar los cursos del Pla Mestral (el otro 75% procede de los Fondos Sociales Europeos) del año 1999, bajo el argumento de que su parte ya la ponía con su presupuesto para la formación de adultos, por lo que definieron este financiamiento de «ficticio».