La nueva Ley de Consells, parte de cuyo contenido ha sido recurrido
por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, entró ayer en
vigor sin que se hayan producido cambios en la organización de la
institución insular. El conseller de Serveis Generals de la
institución, Miquel Nadal, aseguró que el Consell dispone ahora de
seis meses de plazo para elaborar un reglamento que adopte el
funcionamiento de la institución al contenido de la nueva ley.
Mientras se realiza este trabajo, la asesoría jurídica del
Govern y del Parlament están trabajando en el pliego de alegaciones
que presentarán al Constitucional en defensa de la ley y en contra
del recurso presentado por el Ejecutivo de José María Aznar.
El objetivo del Govern es que el Alto Tribunal levante la
suspensión de los artículos impugnados, de forma que la ley siga en
vigor al menos hasta que se resuelva el recurso. En el Govern temen
que el fallo del Constitucional sobre esta ley tarde un mínimo de
ocho años, como ha sucedido con el impuesto ecológico. Si en los
próximos seis meses el Tribunal Constitucional no se pronuncia
acerca de la suspensión o no de estos artículos se entiende que la
suspensión quedaría levantada por silencio administrativo.
La ley que ayer mismo entró en vigor presenta notables
diferencias con el proyecto que en un primer momento aprobó el
Consell de Govern. El texto sufrió importantes modificaciones como
consecuencia de un informe del Consell Consultiu fechado hace ahora
un año.
El cambio más sustancial afecta a la principal aspiración de
Unió Mallorquina: lograr que el Consell tuviera un gobierno con un
funcionamiento autónomo al del pleno, con la presencia de
consellers no elegidos en unas elecciones y con facultades
ejecutivas. Este gobierno estaba ideado a semejanza de la
estructura autonómica vigente, pero fue rechazado de lleno por el
Consell Consultiu.
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