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El VIII Congreso de Unió Mallorquina (UM) ha servido para consolidar el liderazgo de su presidenta, Maria Antònia Munar, al frente de la formación, pero además también ha quedado patente la voluntad de extender el partido a las otras islas. No hay que olvidar que, pese a su indiscutible protagonismo en la política balear, que le permite frenar las propuestas que no son de su agrado presentadas por sus aliados, sin que éstos se atrevan a cuestionar el poder absoluto de UM en el Consell, sólo cuenta con una escasa representación en el Parlament: tres diputados. Nunca un partido con tan pocos votos había conseguido un rendimiento político de estas características.

Dicho esto, hay que reconocer el papel moderador que UM está desempeñando en la política balear. Para irritación de los sectores más progresistas, UM está contribuyendo a centrar las propuestas que otros partidos también minoritarios "PSM y EU" pretendian llevar adelante. Se equivocaban. UM puede tener, por su posición en la balanza, carta blanca, pero ellos no.

Así ha sucedido con la polémica en torno a la posible adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Munar se ha opuesto a esta propuesta surgida en el seno de Esquerra Unida. También ha pasado lo mismo con la ley de comercio, auspiciada por el PSM, el gran ausente en el congreso del sábado. Frente a posturas consideradas por amplios sectores sociales como excesivamente radicales, UM ha optado por ponderar algunos temas.

Como era previsible, Munar atacó muy duramente en su discurso de clausura al PP balear y al Gobierno central, en la más pura línea de reivindicación nacionalista. Y es que en el congreso de UM estaba todo milimétricamente calculado, desde la impresionante puesta en escena hasta las palabras de Munar. Lo que no se puede calcular es si en las próximas elecciones autonómicas el evidente poder de UM se traducirá en un aumento de votos, y si los escaños que pueda conseguir serán necesarios para constituir un mayoría de gobierno.