La ofensiva abierta por el Govern contra la oferta no reglada de
plazas turísticas en Balears dejó al descubierto, ayer, un total de
1.087 unidades de alojamiento «ilegales» en 8 hoteles, 6
establecimientos de turismo rural, 25 apartamentos y 1 villa
vacacional. Según confirmó la Conselleria de Turisme, ayer mismo
remitió el preceptivo paquete de expedientes a la Conselleria
d'Hisenda con el objetivo de que amplíe la investigación a materias
fiscales.
Esa oferta no reglada quedaría exenta de la ecotasa, según han
denunciado los hoteleros, que emplean ese argumento para tachar el
impuesto, en trámite parlamentario, de «discriminatorio». Por ello,
el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, anunció ayer que el Govern
empleará una parte de la recaudación global de la ecotasa, que
asciende a unos 12.000 millones de pesetas, para combatir esa
oferta alegal.
Esta campaña de inspección, iniciada a principios de la
temporada alta, está destinada a la detección de la oferta no
regulada y la actuación afecta tanto a la Conselleria de Turisme
como a otros departamentos, al tratarse de una actividad no
declarada.
La inspección de Turisme trabaja actualmente, asimismo, sobre un
total de 18.000 plazas que, en un primer bloque de inspección,
podrían estar comercializándose sin regulación y que en su mayoría
son apartamentos turísticos.
Las cifras que baraja el Govern para determinar el número de
camas ilegales que controlan hoteleros mallorquines asciende a
80.000, número que se engloba dentro de la campaña de erradicación
de la oferta ilegal en la que se encuentra inmerso el Consolat de
la Mar.
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