Antich lanzó duros ataques al Gobierno de Aznar tras anunciar que no haría victimismo. Foto: J. MOREY.

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Antich no recibió ayer ninguna crítica de sus socios de gobierno, tampoco habló de utopía, pero sí lanzó duras acusaciones al Gobierno central por la falta de inversiones en Balears. La segunda cita del presidente del Govern en un debate sobre el estado de la Comunitat Autònoma permitió conocer que su gabinete es «hiperactivo» "«ha sido un año de gran actividad política», defendió" y que los grandes problemas que vive Balears «se han puesto sobre la mesa y se actúa». «Muchos de estos problemas dormían debajo de la alfombra», denunció el president.

El president del Ejecutivo sostiene que durante el último año las medidas adoptadas sobre el territorio, la limitación y toda una batería de decisiones medioambientales han comenzado a frenar «aquella circulación precipitada de antaño que nos llevaba hacia un peligro real de accidente». «No ha sido un freno de golpe, violento. Las frenadas a tanta velocidad son de alto riesgo. Todavía se va demasiado deprisa, pero no tanto. Ya no se pisa el acelerador sino el freno», describió Antich sobre las medidas para contener la construcción.

El president del Govern defendió que su gabinete «ha avanzado de manera decidida hacia la democratización, con el principio de igualdad de oportunidades». Antich puso como ejemplo el bolsín de interinos. Antich explicó, durante la hora y media que duró su intervención, que su Govern, en contra de lo que se esperaba, «ha despertado una notoria confianza» entre los sectores económicos. El president apuntó que, a pesar de la buena marcha económica, no se atreve a sentenciar que «Las Islas Baleares van bien». «La autosatisfacción no tiene lugar en mi comportamiento ni en nuestro proyecto», opinó.

Antich aprovechó su radiografía de la política agraria para lanzar sus primeros ataques al Gobierno central. El president recordó que mientras el Govern ha aportado 2.000 millones a superar la sequía, Madrid sólo ha ayudado con 300 millones a los agricultores. «Que todos saquen sus conclusiones: más de 2.000 millones el Govern, menos de 300 el Gobierno central», enfatizó.