El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado la razón a la
entidad Importaciones Illes Balears S.L., propietaria del souvenir
Carolina, sito en la Avenida Antoni Maura, número 16, al que el
Ajuntament de Palma obligó en 1996, mediante un decreto de
Alcaldía, a retirar los expositores de postales que ocupaban la vía
pública.
La propiedad recurrió al decreto por el que se denegaba la
licencia de ocupación, de julio de 1996, y otro posterior, de
noviembre de 1996, por el que se desestimaban las alegaciones
contra el acta de inspección de ocupación de la vía pública. Ahora,
cuatro años después, una sentencia, fechada el pasado 20 de julio,
declara «inadecuados» al ordenamiento jurídico los actos
administrativos impugnados, que quedan anulados íntegramente, y
declara «el derecho de la entidad Importaciones Illes Balears S.L.
a la obtención de la licencia de ocupación en la vía pública,
frente a su establecimiento, en los términos y criterios técnicos
establecidos en las Bases de Ordenación de las Actividades en las
vías y espacios libres públicos de Palma». Y condena a la
administración «a estar y pasar por la esta declaración».
En sus fundamentos de derecho, el tribunal rechaza que el
Consistorio argumente la denegación de la licencia de ocupación a
esta tienda de souvenirs en «la imposibilidad de acceder a todas
las peticiones existentes, por la necesidad de preservar el libre
dominio y uso público de calles y plazas». Prosigue que la
naturaleza misma de la palabra licencia es permisiva, no
restrictiva y que, en todo caso, «(...) la administración no es
libre para decidir si da o no licencia, dado que el contenido del
acto administrativo ha de ser, por entero, reglado, lo cual impide
restricciones discrecionales».
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