La tarjeta ciudadana sigue teniendo aspectos que podrían ser considerados lesivos para el ciudadano y por tanto, con el Estatuto del Consumidor de la Comunitat Autònoma en la mano, sería ilegal. Aunque el Ajuntament de Palma, tras el expediente abierto por la Conselleria de Sanitat i Consum, procedió a subsanar algunas anomalias como las referidas a la recarga de la tarjeta, con la implantación de cincuenta máquinas recargadoras en los estancos, o que quien únicamente deseara la tarjeta para el uso del autobús no firme ningún contrato con las entidades bancarias contratadas, lo cierto es que hay deficiencias que no subsanó. Así lo mantiene el propio director general de Consum, Miguel Àngel Cabeza.
El Govern afirma que la tarjeta ciudadana del Ajuntament de Palma es anómala
La Direcció General de Consum acelerará los trámites del expediente sancionador para que antes de noviembre haya una resolución
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