El teniente de alcalde de Hacienda, Pedro Àlvarez, anunció ayer la
introducción de un cambio en el sistema de obtención de la tarjeta
ciudadana, de forma que ya no será necesario firmar el contrato
jurídico con los bancos, como ahora ocurre.
En efecto, Àlvarez explicó que, a partir de ahora, el ciudadano
tendrá la posibilidad de escoger entre firmar un contrato jurídico
con el banco, si desea tener la tarjeta ciudadana con todas sus
prestaciones actuales y futuras o, por el contrario, firmar una
simple notificación de recogida si sólo quiere la tarjeta monedero
especial transportes, es decir, sólo válida para hacer uso del
transporte urbano. Según el edil, esta simplificación del sistema
de obtención de este producto no responde a las quejas ciudadanas
ni a las noticias aparecidas sobre la investigación abierta por la
Direcció General de Consum, de la que asegura no tener noticias.
«Esta es una posibilidad que queríamos ofrecer desde un principio,
pero que problemas técnicos lo impedían. Ahora, estos problemas
están resueltos y ya estamos en disposición de elaborar un formato
de tarjeta que permite saltarse algunos procesos», añadió.
Àlvarez insiste en que el contrato que se ha estado firmando
hasta ahora con las entidades financieras que colaboran en este
proyecto "La Caixa y Sa Nostra" «no ofrece ninguna duda legal para
el Ajuntament, pero en cualquier caso con este nuevo sistema las
posibles dudas quedan disipadas del todo».
Aunque no se quiere vincular, lo cierto es que la obligatoriedad
de firmar un contrato con el banco y aportar toda una serie de
datos personales ha provocado, desde que se puso en marcha la
tarjeta, un sinfín de protestas ciudadanas.
La última la semana pasada, cuando asociaciones de consumidores,
partidos, sindicatos y otras entidades se unieron para reclamar a
la EMT que mantenga el bonobús tradicional de cartón. En ese
momento, entre sus argumentos, se quejaron de la obligatoriedad de
vincularse con un banco y aportar datos personales. Por su parte,
la Direcció General de Consum del Govern balear anunció haber
detectado una serie de irregularidades en la tarjeta ciudadana, que
tendrían que ver con varios aspectos como son la protección de
datos, el derecho a la intimidad, el uso de la tarjeta por menores,
la exclusividad de dos bancos para su distribución o el hecho de
que se ofrezcan servicios añadidos no solicitados por el
usuario.
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