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La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca suspendió ayer los planeamientos de los todos los municipios en los que está prevista alguna instalación de plantas de tratamiento de residuos. La suspensión afecta a los municipios de Palma, Bunyola y Marratxí en la zona de Son Reus, además de las zonas de Calvià y Santa Margalida en las que están previstas instalaciones de tratamiento de compost y de vertido de escombros. Esta suspensión de los planeamientos es el primer trámite para adaptar los terrenos al plan de residuos. A partir de ahora, el Consell tiene seis meses de plazo para redactar una norma subsidiaria que recalifique los terrenos para que puedan destinarse al tratamiento de residuos. Esta suspensión, que afecta a terrenos de EMAYA, deja de momento al Ajuntament sin capacidad de actuación en estos terrenos. El president de la Comissió d'Urbanisme de Mallorca, Rafel de Lacy, aseguró que, una vez redactada esta norma subsidiaria alternativa, los ayuntamientos afectados tendrán la obligación de dar la licencia de obras de las futuras instalaciones. En el caso de Palma, se suprime la necesidad de que el Ajuntament otorgue además la licencia de actividades clasificadas.

La concesión de esta licencia ha quedado en suspenso después de que el Pacte de Progrés presentara una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos que eliminaba esta obligación. En cualquier caso, el Ajuntament de Palma, principal afectado por esta enmienda, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso al entender que el Govern ha invadido sus competencias y ha atentado contra la autonomía municipal.

La suspensión aprobada ayer por la Comissió Insular d'Urbanisme en los terrenos de Son Reus afecta a un total de 440.000 metros cuadrados. En un principio, el Govern tenía previsto que esta suspensión afectara a 700.000 metros cuadrados, pero finalmente esta cantidad quedó rebajada tras la presentación de alegaciones por parte de los vecinos de las zonas afectadas.