Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa llegan también los
problemas a los aeropuertos. Pudiera parecer que se trata de que
nuestras insfraestructuras no están a la altura de las
circunstacias, pero no, más bien son las compañías aéreas las que
toman a sus clientes por ciudadanos de tercera. Y lo más grave de
todo es que según la normativa vigente en la Unión Europea la
abusiva y constante práctica del «overbooking» es completamente
legal en vuelos regulares. O sea, que las autoridades admiten como
razonable el hecho de que una compañía aérea venda billetes a más
personas de las que caben en un avión.
En este asunto, que empezamos a sufrir ya el pasado fin de
semana como anticipo a las vacaciones de Pascua, prevalece siempre
el interés económico de las grandes empresas de transporte aéreo
sobre los derechos de los ciudadanos de a pie que, por supuesto,
pagan puntualmente el precio de su pasaje. No olvidemos que cuando
compramos un billete de avión estamos adquiriendo un compromiso que
obliga a las dos partes y, ante el descarado incumplimiento de una
de ellas, los mostradores de facturación y de información de los
aeropuertos se convierten, lógicamente, por momentos en escenario
de trifulcas, enfrentamientos verbales y demás situaciones de
tensión.
La Unión Europea contempla la posibilidad de que el pasajero
afectado pueda reclamar la devolución del dinero que pagó por el
billete y exigir una pequeña indemnización que muchos usuarios no
reclaman por desconocimiento de sus derechos. Cabe esperar que la
Unión Europea avance en la defensa de los pasajeros de líneas
aéreas y regule esta situación que perjudica especialmente a los
ciudadanos de las Islas, para los que el avión y el barco son las
únicas opciones para salir fuera.
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