El president del Govern, Francesc Antich, reclamó ayer la
colaboración de los ayuntamientos para poner en marcha el plan de
expropiaciones de suelo rústico para la construcción posterior de
viviendas sociales. El president aseguró que el Govern quiere
coordinarse con las instituciones locales con el fin de encontrar
suelo a precios asequibles y poder transformar el suelo rústico en
urbano.
El president reconoció que las anunciadas restricciones
urbanísticas que prepara el Govern en suelo urbano pueden provocar
un encarecimiento de la vivienda, que ya se encuentra a unos
precios desmesurados. Por esta razón, aseguró que desde el
Ejecutivo se está trabajando para lograr que estas restricciones no
afecten a las viviendas de protección oficial.
«Hasta ahora nos hemos encontrado con escasez de suelo para
poner en marcha este tipo de viviendas protegidas y ahora hay que
trabajar con los ayuntamientos para que, a través de la Ley de
Suelo, se consigan solares rápidos y baratos», afirmó Antich. El
president recordó que, en los próximos dos años, el Govern tiene
previsto construir unas 2.000 viviendas, pero para eso hace falta
suelo público.
El president realizó estas declaraciones tras la entrega de 76
llaves de otras tantas viviendas de protección oficial en la
barriada de Son Gibert. Todos los pisos, a precios entre los 6'3
millones de pesetas y los 9'7 millones, recibieron una subvención
del 10 por ciento del coste total.
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