Desde que el problema del abastecimiento de agua a Palma y otras
localidades mallorquinas se ha visto agravado por la falta de
lluvias, estamos asistiendo a un lamentable espectáculo entre los
diversos poderes que se disputan la gestión del líquido elemento.
La empresa municipal que en la actualidad gestiona el agua de
Palma, EMAYA, ha rechazado cualquier intento por parte del Govern
de centralizar el asunto y pide, para ceder los embalses, una cifra
tan astronómica como quince mil millones de pesetas.
Los embalses, naturalmente, tienen un valor económico, pero eso
siempre que permanezcan llenos de agua de lluvia, porque, mientras
no llueva, lo único que acabará habiendo allí será polvo. A los
ciudadanos de a pie nos interesa bien poco quién es el titular de
los embalses y quién nos cobra el recibo siempre que nuestros
grifos sigan emanando este elemento indispensable para la vida
cotidiana. Por eso las luchas entre instituciones por hacerse con
la gestión del agua resultan ridículas cuando estamos ante un
problema gravísimo que pone en cuestión nada menos que nuestra
economía y nuestra forma de vida.
EMAYA, que tan orgullosamente anunciaba que ha tenido
trescientos millones de beneficio, haría mejor en cerrar la boca y
ponerse manos a la obra para ver cómo podría reinvertir esos
beneficios en soluciones a largo plazo para el problema. Los
ciudadanos pagamos religiosamente por un agua que nos sale a precio
de champán y no lo hacemos precisamente para que una empresa
municipal tenga beneficios. El agua no es un negocio y sí un bien
inestimable que necesitamos todos y que, de seguir así, faltará
dentro de muy poco. Los políticos, mientras, se entretienen en
pelear por gestionar algo que está en vías de extinción. Mejor que
estudien cómo solucionar el problema, y pronto.
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