Gabriel Alomar17/02/00 0:00
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«La pena de muerte es un asesinato legal», afirmó ayer en Palma Margalida Capellà, coordinadora de Amnistía Internacional, con motivo de una conferencia sobre el tema en el Centre de Cultura Sa Nostra. Tratada desde un punto de vista político, jurídico y en defensa de los derechos humanos, tuvo como motivo central la sentencia dictada en Estados Unidos contra Abu-Jamal e incidió en su contenido racial y de clase.

Según indicó Margalida Capellà, el día 10 de diciembre de 1998 se celebró el 50 aniversario de la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. El mismo día era ejecutado en Estados Unidos un joven retrasado mental como colofón a una negra lista de 30 reos eliminados en estas condiciones de minusvalía psíquica desde 1977. «La pena de muerte niega el derecho a la vida y en Estados Unidos no se dan las debidas garantías procesales, con juicios politizados en un sistema costoso», recalcó.

Así, solamente en 1999 han sido ajusticiados en Norteamérica un centenar de condenados (500 desde 1977), los cuales, según Amnistía Internacional, padecieron un estricto aislamiento y malos tratos durante sus largos años de reclusión. Este procedimiento, en opinión de Capellà, viola el Derecho Internacional y Penal y adolece de claros prejuicios raciales. Además, para AI, la pena de muerte es degradante tanto para el condenado (que en América conoce el día, la hora y el método a utilizar) como para el Estado. Asimismo, éste tiene interés en prolongar la vida del reo hasta el momento de la ejecución, como se ha demostrado en los casos de ejecutados después de su hospitalización.

Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, en la actualidad existen 70 países abolicionistas (desde 1975, España), 13 que la aplican por determinados delitos, 23 que la conservan pero no la aplican y 90 que la aplican. Entre éstos, China y Estados Unidos van en cabeza en número de ejecuciones. Así, en 1998 se contabilizaron 1.628 ajusticiados en 37 países.

Para Capellà, Estados Unidos ha apoyado las más importantes normas internacionales sobre derechos humanos, pero se muestra reacio a comprometerse con ellas. Los negros, que constituyen sólo el 12 por ciento de la población, representan, sin embargo, el 42 por ciento de los condenados, casi siempre convictos de asesinar a un blanco.

Para Jaime Bueno, la abolición de la pena de muerte en Europa contrasta con su aplicación masiva en Estados Unidos, donde, en su opinión, no existe proporcionalidad entre delito y pena. Así, criticó que en la primera potencia económica mundial la tutela por la vida humana haya evolucionado menos que en Europa, como resultado de la debilidad en el principio de presunción de inocencia.