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El Govern y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIP) están dispuestas a resolver sus diferencias a través del diálogo y negociarán la modificación de la Ley de Actividades Clasificadas de 1985, que limita, inicialmente, la capacidad de los municipios para conceder licencias, según confirmaron ayer el conseller de Presidencia, Antoni Garcías, y la presidente de la FELIP, Margarita Nájera. Los servicios jurídicos del Govern y la FELIP se reunirán dentro de 15 días para contrastar sus propuestas de modificación de la ley, que no se limitarán al tema de la concesión de licencias. Garcías aseguró que el propósito de la enmienda a la Ley de Actividades Clasificadas no es «vulnerar competencias municipales», sino «desarrollar un plan de residuos para el que necesitamos ubicar las plantas». Por ello, la limitación de la capacidad para conceder licencias de los ayuntamientos se «acotará» al problema de los residuos. «Lo que nosotros hemos propuesto -indicó Nájera- es que convendría mejorar el articulado de la ley, que ya tiene quince años y ha quedado un poco desfasada en algunos aspectos». El conseller de Presidencia aseguró que en el encuentro de ayer, que definió como «primera reunión de trabajo», se planteó también la elaboración de una ley de municipios y la puesta en marcha de un fondo de cooperación municipal.