El Govern regulará las compatibilidades de los altos cargos del Consell

En la actualidad asesores de esta institución tienen la autorización de la comisión de gobierno del Consell para poder compatibilizar su trabajo político con el despacho profesional. En esta situación se encuentran Rafael de Lacy, Mateo Sedano, Miquel Angel Borràs y Miquel Angel Flaquer, que reciben un sueldo mensual de 573.000 pesetas, el doble de lo que cobraban los responsables de área la pasada legislatura. Esta situación provocó el pasado lunes protestas de los grupos políticos que apoyan al gobierno del Consell, que tuvieron conocimento de los hechos a través de la información publicada el lunes por este periódico.

El presidente Antich admitió que «la línea del Govern y la del Consell en relación a los altos cargos no es la misma». «Nosotros queremos que nuestros consellers y directores generales se dediquen exclusivamente a la política», precisó Antich, quien coincidió con Eberhard Grosske, de Esquerra Unida, quien criticó que altos cargos de la instituciones «que tienen buenos sueldos compaginen su trabajo en política con despachos pfoesionales».

A raíz de la decisión del Consell, el Govern considera que la situación de los altos cargos vinculados a Unió Mallorquina que compaginan su trabajo político con despachos profesionales debe regularse en el Reglamento de Incompatibilidades. El Ejecutivo alegará que los consells se convertirán en instituciones autonómicas, y por ello sus representantes deben tener un régimen de incompatibilidades igual a los consellers o directores generales del Govern.

Precisamente, y a propósito de los consells, Jaume Matas lamentó la existencia de un «pacto secreto» para que los consells gestione un presupuesto de 17.000 millones. «Antich ha engañado y mentido a los ciudadanos de Balears», acusó Matas en relación a un presumible «pacto secreto» que tanto Munar como el presidente del Govern se apresuraron a desmentir.

Los supuestos documentos secretos son la ley de consells realizada por UM, el decreto de protocolo, el reparto de cargos y las inversiones territorializadas para cada isla. La ley de consells ya ha sido objeto de dos informes jurídicos, el decreto de protocolo está a punto de ser aprobado por el Govern, y el reparto de cargos se cerró a finales de agosto. En cuanto a las inversiones, el pasado 16 de septiembre Antich y las tres presidentas de los consells insulars ya estudiaron las posibilidades presupuestarias de cara al futuro, donde constaba, área por área, las cifras globales que podrían repartirse las instituciones.