La ausencia de una disposición final retrasará 20 días la
aplicación de la ley de medidas urgentes para combatir la presión
urbanística, que fue aprobada el pasado viernes por el Consell de
Govern. El texto no incluye la fecha de entrada en vigor de la ley,
cuando lo habitual es que conste que las leyes entran en vigor al
día siguiente de su publicación el boletín oficial de la comunidad.
Por esta razón, las medidas urgentes no tendrán vigencia hasta 20
días hábiles después de su publicación.
El texto no había entrado ayer en el Parlament, pese a que aún
le queda una larga tramitación parlamentaria por delante. De hecho,
es muy probable que es proyecto de ley no entre en vigor hasta
finales del próximo mes de octubre.
Una vez que el texto pase por el registro del Parlament, deberá
reunirse la Junta de Portavoces y, después, la Mesa del
Parlament.
Este organismo deberá incluir el proyecto de ley en el orden del
día de una próxima sesión plenaria. En principio, el president del
Parlament, Maximilià Morales, aseguró que, en un primer momento,
los plenos se celebrarán cada 15 días, así que la próxima sesión
plenaria se retrasará hasta el próximo cinco de octubre, a no ser
que los responsables del Parlament decidan convocar un pleno
urgente para adelantar la tramitación de las medidas urbanísticas
aprobadas por el Consell de Govern el pasado viernes.
El proyecto se convertirá entonces en una ley, en el momento en
que sea aprobada por el Parlament, y después deberá publicarse
tanto en el Boletín Oficial del Parlament como en el de la
Comunitat Autònoma. A la vista de los sucedido con otras leyes, el
proyecto tardará un mínimo de una semana en publicarse en ambos
boletines oficiales.
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