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Los hechos han ocurrido en Cataluña pero sus características los convierten en transportables a cualquier región del país, incluidas naturalmente las islas Baleares. Los prolongados apagones -en algunos casos, como el de Granollers, de hasta 24 horas- originados por las recientes tormentas y lo reiterado de los mismos, han indignado a las autoridades municipales de las localidades afectads, hasta el extremo de que podría hablarse de una auténtica revuelta municipal. A las quejas formales de los Ayuntamientos presentadas ante las instancias correspondientes de la compañía Fecsa-Enher, hay que añadir las más airadas procedentes de diversas asociaciones empresariales, que han llegado incluso a proponer a los afectados que dejen de pagar el recibo de la luz. Dejando de lado la improcedencia de actitudes tan beligerantes como ésta última, sí hay que reconocer que se comprende -y en Mallorca hemos sabido algo de eso en otoños anteriores- la indignación que causa la suspensión de un servicio de semejante importancia, muchas veces por razones que no parecen del todo justificadas. Pero aún más indignante que eso podría ser el mutismo que en estas ocasiones acostumbran a adoptar los responsables de la compañía suministradora. Muchas veces no es que se informe al ciudadano como se debiera del alcance de la avería y de las previsiones relativas a su reparación, es que tampoco las corporaciones municipales afectadas por la avería eléctrica reciben explicación alguna digna de tal denominación. Las explicaciones, siempre tardías, se limitan a manejar el término «inevitable», relacionado con la intensidad de la tormenta que causó la avería, o bien hacen hincapié en la imposibilidad de prever un fenómeno meteorológico que, por otra parte, es frecuente en estas fechas y en estas latitudes. No es precisa excesiva suspicacia para colegir que lo que ocurre muchas veces es que tampoco las instalaciones están preparadas para resistir una tormenta. Lo que convertiría en razonable la queja del ciudadano.