Las quejas al Defensor del Pueblo durante 1998 aumentaron un 30%
respecto al año anterior, de 18.000 a casi 24.000, debido a que se
recibió un elevado número de peticiones integradas en grupos de
quejas idénticas, entre ellas las referidas al deslinde de la isla
de Formentera.
A esa cifra, según el informe anual presentado ayer al
presidente del Congreso por el Defensor, Fernando Àlvarez de
Miranda, hay que sumar 156 quejas iniciadas de oficio, es decir sin
que mediara petición alguna por parte de ciudadanos. El número de
quejas presentadas en Balears ascendieron a 1.582, un 0'86% sobre
el total.
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) promulgadas
por el Govern recoge un artículo sobre el deslinde de Formentera
considerado de «dudosa constitucionalidad», y que pueden ser
recurridos por el Gobierno central. En él se asegura: «En ningún
caso se podrá considerar que forman parte de la ribera del mar los
terrenos edificados de conformidad con la normativa que les era de
aplicación a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas».
De hecho, lo que esta enmienda hace es dejar sin efecto la Ley
de Costas en Formentera.
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