El jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Carlos Garau,
asegura que la Ley de Directrices de Ordenación del Territorio
tiene varias disposiciones «que vulneran de forma frontal el orden
de distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones públicas y que entran en claro conflicto con la
Ley de Costas, por lo que entiendo que es inevitable el recurso».
Este recurso será presentado ante el Tribunal Constitucional por
dos motivos: por un lado, hay artículos que pueden ser considerados
inconstitucionales y, por otro, algunas disposiciones crean un
conflicto de competencias con el Estado.
El artículo que más claramente puede ser recurrido ante el
Tribunal Constitucional es el que deja sin efecto la Ley de Costas
en Formentera. Garau considera que esta disposición «serviría para
legalizar actuaciones, fundamentalmente viviendas, que se han
ejecutado ilegalmente». Asegura que estas actuaciones ilegales se
han debido a la falta de actuación sancionadora de la institución
competente, ya sea el Govern, el Consell o el Ajuntament al que le
afecte.
Además de la suspensión de la Ley de Costas en Formentera, otro
aspecto cuestionado por los juristas es el artículo que obliga al
Gobierno central a requerir un informe vinculante del Govern balear
cada vez que quiera realizar un plan de actuación en Balears. El
Govern pretende evitar, por ejemplo, que Madrid apruebe una tercera
pista en el aeropuerto si antes no tiene el visto bueno de
Balears.
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