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Ser camello es un delito y al mismo tiempo una equivocación. Delito, porque atenta contra la salud pública, contribuyendo a convertir al ser humano en una piltrafa. Equivocación, porque tarde o temprano le terminan pillando y deberá pagar, a veces con dureza, a veces lejos de casa, por ese trabajo que le ha reportado, materialmente, apenas nada, y a poco que tenga sensibilidad, un tremendo cargo de conciencia.

Jaén Palacios, senador por el PP, conoce a fondo el tema que les he apuntado anteriormente. Por norma general "me dice, y yo así lo he comprobado acompañándole en dos viajes a esas cárceles del mundo" el noventa por ciento de presos españoles allende nuestras fronteras están presos por delitos de tráfico de estupefacientes, siendo la mayor parte de ellos relativamente jóvenes, quienes, a cambio de unas vacaciones en un país tropical, y de cobrar uno o dos millones de pesetas "a veces menos" por el trabajo que luego les encargan: pasar droga, "«oye, tío, que no tendrás problemas, que ya verás lo fácil que es», le dicen", se exponen a convertirse en delincuentes y tener que pagar por ello en cárceles durísimas, en las que se pueden encontrar sin asistencia de ningún tipo, expuestos a mil problemas, provocaciones, malos tratos, etc.

Por todo lo dicho, Jaén Palacios es partidario de, al igual de como se han hecho ante otros problemas sociales, advertir seriamente a la ciudadanía sobre las consecuencias de ser camello. «Si supieran lo que les espera en esas cárceles, seguro que ni lo intentarían». Si en los penales venezolanos de El Dorado (Amazonia) y La Planta (Caracas), donde estuvimos hace un mes, las condiciones son durísimas para todos los internos, de ahí que los españoles se acojan, a poco que tienen la sentencia firme, al tratado multilateral de traslado firmados por todos los países de la CE, o al bilateral que tiene España con otros estados no comunitarios, a fin de cumplir la sentencia en nuestro país, no lo son menos los colombianos y los portugueses, uno de los cuales, Caxia, acabamos de conocer.

Porque, según el informe que publicó la semana pasada Meneres Pimentel, Proveedor de Justicia, o defensor del pueblo, no son muy recomendables las 54 cárceles de Portugal, en las que hay, entre portugueses y extranjeros "españoles, unos 80" cerca de 14.000 reclusos, de los cuales el 10 por ciento son mujeres, y que, según dicho informe, entre el 60 y 70 por ciento de esta población son drogodependientes, un cuarto está infectada por hepatitis vírica (B y C) y el 11 por ciento, infectados por VIH (un 2 por ciento más que en 1997). A todo esto, la asistencia sanitaria es mínima, así como las condiciones higiénicas y ocupación laboral de los reclusos. ¡Y eso que Portugal es un país comunitario! Por lo tanto: ¿merece la pena, por dos millones de pesetas exponerse a terminar ahí, tras haber atentado contra la vida de nuestros semejantes?