El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. Dos jueces deben ahora determinar si su caso merece un nuevo examen o si, por el contrario, queda cerrado, lo que dejaría como única alternativa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las vistas han arrancado este martes y se prolongarán durante dos días, sin la presencia de Assange, que está en prisión preventiva en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh y que, según sus abogados, se ausenta por razones médicas. Su hermano, Gabriel Shipton, dijo a las puertas de la corte que su estado «es muy delicado».
El miércoles le toca el turno a la Fiscalía británica -en representación de la Justicia estadounidense-, tras lo cual emitirán un dictamen, ya sea de inmediato o en otra fecha.
Si acceden a la petición de Assange, se iniciará un nuevo juicio de apelación sobre aspectos del caso que la defensa no recurrió previamente en otro proceso en 2021.
Si se la deniegan, se activará el proceso de deportación a EE.UU., que le requiere por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que podrían acarrearle hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad.
Concentraciones de apoyo
Las inmediaciones del tribunal han sido escenario de una concentración de apoyo al fundador de Wikileak que se han replicado en una docena de ciudades europeas, entre ellas Roma, París o Berlín.
Hasta allí se ha desplazado su mujer, la abogada sueco-española Stella Assange, con quien el editor tuvo dos hijos en los años que pasó refugiado en la embajada de Ecuador en Londres (2012-2019) y que ahora lidera la campaña por su puesta en libertad.
«Es una ataque contra la verdad y el derecho de la población a saber», ha sentenciado Stella Assange, que ha hecho hincapié en que su marido pueda correr la misma suerte que el opositor ruso Alexei Navalni, fallecido el pasado viernes en una cárcel del Ártico, informa la radiotelevisión pública BBC.
«No hay posibilidad de que reciba un juicio justo si es extraditado a Estados Unidos», ha advertido. «Esta farsa tiene que acabar», ha añadido ante los medios, donde ha expuesto alguno de los argumentos que también han tratado de defender los abogados dentro del tribunal.
Su entorno entiende que dar vía libre a la extradición implicaría «criminalizar el periodismo de investigación», ya que las acusaciones derivan del material secreto publicado en 2020 y 2021 por Wikileaks.
La derivada política
Los abogados también han puesto en cuestión la legalidad de la extradición, fundada en un tratado bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido. El abogado Ed Fitzgerald ha afirmado que «es un abuso del proceso buscar una extradición por un delito político», un apunte que aparece mencionado de forma explícita en dicho tratado.
Fitzgerald también ha adelantado que, en caso de que el proceso se retome en los tribunales británicos, expondrá un supuesto complot de la CIA para asesinar a Assange durante los años que estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
«Se le procesa por realizar una práctica común en el periodismo de obtener y publicar información clasificada, información que es verídica y de interés público», ha alegado.
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