La Fiscalía francesa pidió sentar en el banquillo de los acusados a la líder ultraderechista Marine Le Pen, a su padre, Jean-Marie Le Pen, y a otros destacados dirigentes de su partido dentro de la investigación por trabajo ilegal de sus asistentes parlamentarios en la Eurocámara entre 2014 y 2016.
Según indicó la Fiscalía este viernes, once eurodiputados del actual Agrupación Nacional (RN, heredera del histórico Frente Nacional), entre ellos los Le Pen, están acusados de desvío de fondos públicos, por haber pagado con fondos del Parlamento Europeo a asistentes que, en realidad, trabajaban para el partido. Esos delitos tienen una pena máxima de diez años de cárcel y un millón de euros de multa, además de un periodo de inhabilitación de cinco años, lo que en caso de condena puede impedir una nueva candidatura de Le Pen al Elíseo.
La Fiscalía solicitó también que vayan a juicio trece asistentes parlamentarios por haberse beneficiado de ese delito, de los 49 que habían estado bajo la lupa de los investigadores. La decisión, que ahora debe ser confirmada por un juez instructor, se produce pocos días después de que el partido de Le Pen decidiera devolver casi 330.000 euros al Parlamento Europeo, que le reclamaba esa cantidad y que le amenazaba con una incautación forzada, aunque indicó que con ello no reconocía su culpa.
La excandidata presidencial fue parlamentaria europea entre 2004 y 2017, y siempre ha negado las acusaciones, al tiempo que ha retrasado al máximo la instrucción judicial del caso, que ha chocado con diversas trabas, como su negativa a declarar o a renunciar a su inmunidad parlamentaria.
La Fiscalía francesa investiga este caso desde diciembre de 2016, un año después de que se hicieran las primeras denuncias en la Eurocámara, y tras varios registros en los despachos de los sospechosos y en sus domicilios, encontró indicios de que las atribuciones de esos asistentes parlamentarios estaban «muy alejadas de las labores normalmente efectuadas» por estos empleados y eran incompatibles con su trabajo a tiempo completo.
Apunta, además, a que los hechos se produjeron en un momento en el que el partido atravesaba dificultades financieras. El Parlamento Europeo, que es parte civil en la causa, evaluó en 6,8 millones de euros el perjuicio causado por esos delitos. Entre los acusados figura también Louis Aliot, expareja de Marine Le Pen y actual alcalde de Perpiñán, el mayor municipio que gobierna la extrema derecha, quien a través de las redes sociales apuntó la coincidencia de que este requerimiento llegue a menos de un año de las elecciones europeas de junio de 2024.
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