Imagen de recurso. | Jacoby Clarke

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La compañía eléctrica estatal del Líbano, Electricité du Liban (EDL), ha anunciado que el país se quedará sin suministro público desde hoy mismo debido a la dimisión de la empresa que operaba las dos únicas plantas actualmente en funcionamiento. En un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN), EDL explicó que la compañía Primesouth ha decidido suspender sus trabajos en las plantas eléctricas de Zahrani (sur) y Deir Amar (norte) después de que el Banco Central del país fracasase a la hora de transferirle pagos pendientes en dólares. La empresa, subcontratada para operar ambas centrales ya ha iniciado el proceso de cese de actividades, «por lo que la red eléctrica quedará completamente desconectada y no se suministrará corriente a los suscriptores, incluyendo la infraestructura básica del país», dijo EDL.

El endeble sector eléctrico libanés colapsó del todo en el verano de 2021 y desde entonces el suministro público es muy limitado, por lo que la población debe contratar los servicios de costosos generadores privados que solamente funcionan en horarios restringidos. Antes del verano, Irak aceptó incrementar la cantidad de fuelóleo que provee al Líbano para que EDL pudiera aumentar su suministro a la población libanesa, hasta entonces de tan solo un par de horas diarias en el mejor de los casos y en base a un plan de horarios y ubicaciones aleatorio. En el último par de meses, la electricidad estatal había estado llegando a los hogares casi diariamente y en intervalos menores, llegando a alcanzar a veces las seis horas de suministro.

El pasado marzo, Human Rights Watch acusó a las autoridades libanesas de un prolongado mal manejo de EDL y achacó el colapso del sector a tres décadas de «políticas insostenibles e importantes negligencias», resultado de la presunta corrupción y los intereses personales de la elite. En un extenso informe sobre la materia, la ONG defendió que la luz es «clave» para prácticamente cualquier actividad desarrollada en el día a día en las sociedades modernas, por lo que se incluye en el derecho a unas condiciones de vida adecuadas amparado por las leyes internacionales.