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La Unión Europea reservará el fondo de rescate permanente (MEDE) a los países que ratifiquen el pacto fiscal y se comprometan a mantener el equilibrio presupuestario, como quería Alemania, según la última versión del borrador. Los países que incumplan el tratado podrán ser llevados ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podrá imponer en última instancia una multa de hasta el 0,1% del PIB del Estado afectado, que será abonada al MEDE.

El nuevo borrador del acuerdo que negocian todos los Estados miembros de la UE excepto Reino Unido, con fecha de ayer, no sólo refleja las demandas de la canciller alemana, Angela Merkel, sino que también incluye algunas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

El Ejecutivo comunitario elaborará ahora informes sobre la correcta introducción de la «regla de oro» o freno de deuda en las legislaciones vinculantes o constituciones por parte de cada país, y si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Independencia

El borrador establece que el fondo de rescate que se cree será positivo para los países intervenidos, como Irlanda, Portugal y Grecia, y para países con problemas, como España e Italia. Este fondo será sólo para las naciones que acepten el nuevo Tratado de la Unión Europea.

También podrán unirse a la cita, cuando se considere oportuno y al menos una vez al año, los socios que no forman parte del euro, pero que hayan ratificado el pacto fiscal, una petición explícita de países como Polonia y Dinamarca, entre otros.

El acuerdo para reforzar la disciplina fiscal quedará abierto a todos los miembros de la UE que quieran unirse y no lo firmen en un primer momento, según el borrador. Además, los presidentes de Francia, Nicolas Sarkozy, y de Alemania, Angela Merkel, proponen en el borrador que llevan a la cumbre de finales de este mes medidas contra el paro y promoverán la movilidad laboral entre países comunitarios.

Su entrada en vigor se producirá una vez lo hayan ratificado 12 países, que además sólo podrán desvincularse de sus compromisos en «circunstancias excepcionales», y su contenido deberá ser trasladado a la legislación comunitaria en un plazo máximo de 5 años.