El Gobierno de Colombia defendió ayer el acuerdo que negocia con Estados Unidos para el uso por este país de sus bases militares, frente a las críticas que ha suscitado, y garantizó que no supondrá ningún peligro para naciones vecinas como Ecuador y Venezuela. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, subrayó ayer la «conveniencia» del acuerdo, en respuesta a los opositores, que lo consideran una «violación» de la soberanía nacional.
«Obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país», dijo Uribe. Al tiempo, el ministro de Defensa, general Freddy Padilla, quien el jueves explicó los detalles del acuerdo, declaró ayer que «desde Colombia no se va a realizar, de ninguna manera, ninguna operación que proyecte fuerza hacia ninguna otra nación».
Narcotráfico
Padilla y el ministro colombiano de Exteriores, Jaime Bermúdez, señalaron que ese acuerdo de cooperación tiene por objeto la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano, y que no afectará a terceros Estados.
El convenio que negocian Bogotá y Washington establece el uso por parte de EEUU de las bases colombianas de Malambo (norte), Palanquero y Apiay, ambas en el centro de Colombia, para actividades antidrogas. A solicitud de Colombia, podrían sumarse otras dos bases donde ya hay asignado personal estadounidense: Larandia, en el sueño departamento de Caquetá, y Tolemaida (centro).
El ex ministro de Defensa Rafael Pardo, precandidato del Partido Liberal, también calificó el acuerdo de «inmenso error diplomático».
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