Honduras aguardaba ayer en calma tensa a la consulta popular con la que hoy el presidente, Manuel Zelaya, pretende iniciar un proceso que culmine en noviembre con la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución vigente. Tras días de tensiones, un supuesto conato de golpe y una crisis institucional abierta por la confrontación entre el presidente legítimamente elegido y el resto de los poderes del Estado, los hondureños se debaten entre ir o no a una consulta que no tiene las garantías de un plebiscito y ni tan siguiera un padrón.
En la consulta se preguntará a los hondureños si aprueban que haya un referéndum en las elecciones generales del 29 de noviembre que decida la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución, proceso que los detractores del gobernante atribuyen a una intención de éste de perpetuarse en el poder.
Tranquilidad
Tegucigalpa mostraba ayer una estampa de tranquilidad después de que el viernes Zelaya diera orden de reducir la presencia de militares en las calles, una situación que tras la destitución, el miércoles, del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, había disparado la sensación de crisis entre la población. Con el jefe militar de nuevo en su puesto, según anunció ayer inesperadamente Zelaya, y la oposición reiterando las acusaciones de que el presidente sólo busca regresar al poder en el futuro, la consulta finalmente se desarrollará, aunque en unos términos muy poco parecidos a los de un plebiscito convencional.
El secretario privado de la Presidencia, Eduardo Reina, indicó ayer que las mesas para que la gente vaya a votar estarán en parques, plazas y escuelas públicas y anunció que los resultados se darán hoy mismo. Reina añadió que en la plaza ubicada frente al Palacio Presidencial habrá «presentaciones artísticas» y que taxistas que apoyan la iniciativa de Zelaya saldrán a «motivar a la gente».
Incluso el gobernante Partido Liberal pidió ayer a los hondureños que no participen en la consulta y denunció que el mandatario pretende con este proceso poder presentarse a la reelección en el futuro. El presidente ha reiterado que esas afirmaciones son «mentira» y que se marchará el 27 de enero de 2010, cuando concluye su mandato, aunque no ha descartado que si «la voluntad popular» lo pidiera en el futuro, podría presentarse de nuevo, una posibilidad esta no contemplada por la actual Constitución, que prohíbe la reelección.
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